La gobernanza regulatoria en el Perú: Una oportunidad para reconstruir confianza
Es muy probable
que, desde que tenemos conciencia o preocupación por cómo suceden las cosas en
el país, nos topamos con la necesidad urgente de hablar de las normas o reglas
que son letra muerta, o aquellas que
son escritas desde el escritorio sin un
atisbo de realidad, y es que uno de los grandes desafíos es mejorar el
enjambre de normas, regulaciones y reglas que hoy nos sostienen como Estado,
como sociedad.
Para esto, aunque
sea poco creíble por muchos, la administración pública peruana viene dando pasos
interesantes y expectantes en el proceso de mejora de la calidad regulatoria.
El mismo que se traduce a tener mejores normas, que ayuden a mejorar una situación
problemática, a mitigar un problema o a solventar una necesidad. Algunas consideraciones
que las buenas prácticas regulatorias contemplan son: (1) el que estén basadas
en evidencia, hechos, información real, oportuna y pertinente; (2) que sean la
mejor intervención que el Estado puede tener; (3) que involucren a la
ciudadanía en el proceso desde la elaboración hasta la vigilancia para su
cumplimiento.
Y es ahí donde
pretendo llevar vuestras miradas. En la necesidad de hacer cierta la gobernanza
regulatoria, que es parte de la gobernanza pública y sobre la que apremia la participación
proactiva y decidida de los involucrados. A fin de tener claridad sobre aquello
que comprende la gobernanza regulatoria podemos remitirnos al ecosistema de la calidad regulatoria[1],
el desarrollo, la implementación y el aseguramiento de que la regulación cumpla
con sus objetivos, requiere que tanto el Poder Ejecutivo (La CMCR[2],
los ministerios y organismos públicos, así como los gobiernos regionales y locales),
el Poder Legislativo, la CGR[3],
el sector privado, la academia y la sociedad civil, desplieguen esfuerzos
coordinados, articulados y en sincronía (en la medida de lo posible).
Debemos ser
realistas sobre las expectativas que la gobernanza regulatoria en el Perú,
pueden generar. Nuestra situación actual de modernización de la gestión pública tiene un largo
camino por recorrer, y se está avanzando. De esa manera, los esfuerzos de comunicación
entre los actores mencionados deben de tomar fuerza en este 2023, donde
empezaremos a tener las primeras regulaciones que han pasado por la evaluación de
la metodología del AIR Ex Ante y sobre la que han versado despliegues de
consulta pública temprana, más allá de la conocida pre publicación de las
normas.
Para lograrlo,
para poder evidenciar que se avanza, hemos de ser transparentes con la información
que desde el Estado se brinda y apremia interiorizar que no solo se trata de
participar en el proceso (para la academia, sector privado y sociedad civil),
sino que es menester un real involucramiento. Ahí está el reto, en que el
servidor y funcionario público, tenga la apertura para hacer a otros actores
parte del proceso de elaboración de normas sin renunciar a su ius imperium, pero siendo plenamente
conscientes de la urgencia de involucrar a quienes pueden tener (y de hecho la
tienen) más y mejor información y pueden (deben) generar incidencia en la vigilancia de
cumplimiento.
Para todo lo
descrito requerimos 3 cosas: voluntad, recursos y comunicación. Pilares que nos
ayudarán a reconstruir la confianza entre lo privado y lo público.
Hacia la lluvia de intenciones, ideas, oportunidades y el intercambio de opiniones para empezar a hacer desde donde estemos.
[1] Esquema planteado por Arobes, S. (2022). Mejores regulaciones para una
mejor administración pública: A propósito de la reforma de calidad regulatoria
y la modernización de la gestión pública, En T. Zuñiga (Coord.), Aportes al desarrollo del Derecho Administrativo
en el Perú: Análisis y perspectivas sobre la Ley del Procedimiento Administrativo
General y la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo a los 20 años
de vigencia, pp.273-301. Círculo de Derecho Administrativo y Yachay Legal.
[2] Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria.
[3] Contraloría General de la República.
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